Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio de Hacienda informó que había presentado una propuesta para modificar ciertos artículos del proyecto de Ley 22382 “IMPUESTO A INMUEBLES DE LUJO PARA USO HABITACIONAL, OCASIONAL O DE RECREO”, el cual había sido presentado por el Poder Ejecutivo en enero de este año, es decir, tan solo 5 meses después una nueva modificación, demostrando nuevamente la falta de un rumbo claro de la actual administración.
A pesar de los intentos del Gobierno de minimizar el impacto del presente proyecto, lo cierto del caso es que se pretende incrementar en gran manera la tarifa y los tramos. Al día de hoy, la tarifa del impuesto inicia en 0.25% hasta los 335 millones de colones y no es sino hasta los 1.667 millones de colones que se llega a la tarifa del 0.50%, queriendo el gobierno pasar a una tarifa del 0.50% a partir de los 150 millones de colones (325 salarios base).
Según el comunicado, se incluyen las siguientes exenciones: (i) los bienes inmuebles propiedad de Asociaciones o Fundaciones que realicen obras de bien social, autorizadas para recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta; (ii) los bienes inmuebles que hayan sido adjudicados como herencia con anterioridad al 1 de marzo del 2021 y (iii) los bienes inmuebles donde el terreno representa más del 40% del valor del inmueble (esta exención aplicará únicamente para inmuebles que tengan un valor inferior a los 455 salarios base aproximadamente ¢210 millones).
Señala con bombos y platillos el Ministerio de Hacienda que únicamente el 2% de las propiedades registradas pagará el impuesto. Sin embargo, lo que no señalan es que las propiedades se revalorizan según métodos que el mismo Ministerio de Hacienda aprueba y aplica (mediante su órgano de normalización técnica). Merece la pena recordar que, en octubre de 2020, 189 mil propiedades sufrieron un aumento de valor -producto de los métodos antes dichos- que derivó en un mayor pago del impuesto de bienes inmuebles para los contribuyentes en plena pandemia.
Preocupa la insistencia del Gobierno en aumentar los impuestos y la suscripción de nuevos créditos en lugar de contener y disminuir el gasto.
Por Alberto Porras Socio director de GCF Consultores.
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