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La semana pasada, en uno de los salones de Harvard University, el International Finance Forum (Foro de Finanzas Internacionales de Harvard) realizó una ponencia sobre los desarrollos recientes en la reestructuración de deuda soberana y el proyecto de Ley Sovereign Debt Stability Act que se discute en el Estado de Nueva York para facilitar la reestructuración de la deuda de un país cuando esta tiene conexión con el Estado de Nueva York.
El expositor principal fue Jorge Arturo González Calderón, un joven abogado costarricense, quien trabaja en Nueva York como asociado de Proskauer Rose LLP, firma legal internacional con más de 800 abogados, y en varias partes del mundo, a cargo de asesorar a la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico (la “Junta”) en la reestructuración de la deuda pública de este país.
En su ponencia, González destacó el caso puertorriqueño y las opciones que ofrece el famoso proceso legal americano (conocido como Chapter 11 en el contexto corporativo) para que empresas o entidades estatales puedan superar la insolvencia u otro tipo de crisis; es una excelente base para utilizar las herramientas de reestructuración de deuda necesarias y hacer del Derecho una herramienta de desarrollo.
“Al priorizar la reorganización empresarial sobre la liquidación, este proceso legal preserva empleos y disminuye el impacto de una quiebra empresarial en la economía. A través de la Ley Concursal de 2021, Costa Rica en años recientes precisamente ha buscado seguir el exitoso modelo estadounidense de reorganización corporativa”, comenta.
Puntualmente, Jorge es parte del equipo que trabaja en la reestructuración de la utilidad eléctrica de Puerto Rico —el equivalente al Instituto Costarricense de Electricidad en Costa Rica— conocida como “PREPA” por sus siglas en inglés. El equipo representó a PREPA en un juicio oral de tres semanas de duración en marzo de 2024, el cual se realizó en paralelo entre Nueva York y San Juan, Puerto Rico, y cuyo resultado va a determinar el futuro de la entidad y su deuda de más de $9 mil millones.
La Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico, busca la reestructuración de la deuda pública de ese país, tras declararse en quiebra con pasivos de $125 mil millones previo a la reestructuración.
“La crisis financiera de la isla era de tal magnitud y complejidad —y empeoró con los huracanes Irma y María— que el Congreso federal de los Estados Unidos tuvo que intervenir y modificar su ley para permitirle declararse insolvente. Desde entonces, se ha logrado que Puerto Rico y sus instituciones públicas reduzcan su deuda de forma exitosa bajo la supervisión de la Junta, que fue creada en esa reforma legislativa, y con la asistencia de Proskauer Rose.”, explica el abogado.
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